Observando las noticias actuales (caso Maristas), Informes del Defensor del Pueblo, redes sociales y casos que llevamos en este despacho, nos vemos en la necesidad como operadores jurídicos de obligarnos a no olvidar y fijar nuestra atención en el maltrato sufrido por muchos menores y sus familias en los servicios de protección a la Infancia, Juzgados, centros sanitarios, que están teniendo un peligroso aumento en Cataluña.

El 25% de los niños tutelados en toda España, se encuentra en Cataluña, y aunque la legislación en materia de protección de menores establece como medida prioritaria la ayuda familiar, la dura y cruel realidad es que en Cataluña, las resoluciones de desamparo así como los internamientos en centros, son con diferencia la medida más utilizada.

Se entiende que cuando una Administración Pública, dicta una resolución de desamparo ésta asume una responsabilidad, pues de forma implícita se nos dice que dicha Administración Pública, en Cataluña es la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), está en condiciones de asumir el cuidado de un menor respetando sus derechos. Sin embargo, la triste realidad es que en dicho organismo se permiten abusos institucionales, siendo las resoluciones de desamparo en muchos casos un cúmulo de despropósitos, pues actúan sin obtener datos contrastables, no realizándose en muchísimas ocasiones una radiografía exacta de la problemática, ni se produce realmente intervención administrativa sobre el núcleo parental – en muchas ocasiones ni siquiera se realizan entrevistas con la familia extensa, aunque en sus resoluciones se permiten hacer valoraciones de las mismas -, a pesar de no existir en muchos casos, verdaderamente dicha intervención administrativa sobre el núcleo familiar, sí que realizan planes de trabajo, pero sobre dicho plan de trabajo o su anteproyecto, no existe dato alguno en los expedientes. Con todo ello el trabajo realizado está condenado al fracaso más estruendoso; pues actuar con excesiva celeridad, sin datos objetivos de valoración o con datos insuficientes, partiendo muchas  veces de premisas bañadas en prejuicios supone un resultado de condena sin juicio y sin defensa.

En múltiples resoluciones de desamparo administrativas, tal como he indicado se parte de una premisa falsa y sus respectivas consecuencias,  lo que conlleva a que adquieran la naturaleza de otras premisas mayores también falsas, siendo el resultado obtenido: un gran sofisma. Es decir, como jurista me he encontrado con expedientes en donde se parte de una “situación hipotética”, como si de un hecho acreditado se tratara, lo cual les lleva a adoptar como la más imperiosa de las necesidades la medida más extrema y quirúrgica: la resolución de desamparo, SIN verdadero y contrastado análisis y valoración de la situación, y en el ínterin entre la resolución de desamparo provisional y la definitiva, sin justificación técnica ninguna y evidentemente careciendo del más elemental sentimiento de empatía y probidad humana, suelen diseñar una relación familiar grotesca, en donde, omitiendo en muchos casos los Informes de los Puntos de Encuentro Familiar, torturan a menores y sus familias obligándoles a un desarraigo físico, afectivo y emocional, pues fijan unas visitas que amputan completamente dichos vínculos entre el menor y su/s progenitor/es y familia extensa.

Son muchas las resoluciones administrativas en el ámbito de protección del menor, en donde la Administración actúa de forma arbitraria sin ningún tipo de fundamento legal, provocando una lesión efectiva de los derechos de los menores.

¿Pero qué se entiende por maltrato institucional? Según Martínez Roig (1989), se entiende por maltrato institucional a cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual de los profesionales que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño y/o la infancia.  Es decir, es cuando el propio profesional (técnicos de DGAIA, colegios, servicios sanitarios, juzgados, etc.), en el ejercicio de sus funciones gestoras, judiciales… y en muchas ocasiones desde un “lugar alejado” del contacto con el menor, se favorece o permite situaciones de maltrato.

¿Cómo detectar ese maltrato institucional? Su detección y reconocimiento es más difícil de probar, pues tiene su origen en personas que son responsables de los sistemas de protección a la infancia, que según en qué situaciones anteponen su interés personal o de los grupos sociales o políticos que representan al interés y necesidades del niño/a. Sin embargo, al igual que para detectar el maltrato en el ámbito intrafamiliar existen unos indicadores externos, también existen una serie de circunstancias o “modus operandi” que si concurren, se podría hablar de potenciales maltratadores en la figura de profesionales, políticos o gestores, siendo la propia Institución (DGAIA) conocedora de los hechos, cooperadora en dicho maltrato institucional.

En el ámbito de la justicia la lentitud de los procedimientos y la aplicación de leyes que benefician a los adultos y a instituciones, son totalmente perjudiciales al desarrollo del menor. En mi práctica forense, he llegado a encontrarme con juzgados que ante la posibilidad del control jurisdiccional de actuación previa administrativa, DGAIA ha levantado el desamparo para poder alegar que cómo ya no hay desamparo, el tribunal no debe controlar si el trabajo previo técnico realizado por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, fue o no conforme a la legislación vigente, a la Constitución Española y a los postulados que implican un Estado de Derecho, y me he encontrado con Jueces que han admitido dichos alegatos, permitiendo con ello el desvío de poder de la administración.

El artículo 103.1 y el  artículo 106.1 de la Constitución Española impone el sometimiento pleno, completo y sin condiciones de la Administración Pública a la misma, con ello la Constitución ha querido excluir la legitimación de cualquier actuación administrativa contra legem y contra ius, recalcando que ninguna decisión pública puede adoptarse al margen del Derecho, con desvinculación del mismo, teniendo los Tribunales la plena competencia para controlar la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican, plena competencia en consecuencia en el control de TODA la actuación administrativa SIN exclusión alguna.

Muchos menores que por desgracia han entrado en el sistema de protección de menores en Cataluña, son separados no sólo de forma inadecuada sino totalmente arbitraria, pasando sus familias gran parte de años de su vida ante los tribunales de justicia, de recurso en recurso, mientras el menor sufre una desafección afectiva brutal hacia su/s progenitor/es y familiares extensos, pero no nos engañemos, aunque al final del túnel los tribunales les den la razón a estos progenitores … una justicia tardía no es justicia.

No quiero terminar este artículo, si hacer alguna propuesta de mejora a toda esta situación, pues considero que el sistema de protección de menores debe ser modificado con carácter urgente, y entre las propuestas que considero idóneas, estarían las siguientes:

• Nombrar dos coordinadores parentales (uno del Colegio de Psicólogos y otro del Colegio de Mediadores, nombrados directamente por el juez), a fin que centralice y haga de nexo de conexión entre DGAIA y el propio juez, de todas las actuaciones que se realicen sobre un menor y su familia, mientras éstos permanezcan tutelados por la administración.
• Políticas de orientación a la ayuda familiar, impidiéndose así la separación del menor de su familia.
• Plan de intervención, revisado mensualmente, para el menor, sus progenitores y familia extensa.
• No permitir que aquellos que han ocupado un cargo en la administración de protección de menores, bien sea en la dirección de dicha Institución o del Instituto de acogida y adopción, y que se han visto envueltos en problemas en el ejercicio de sus funciones, puedan ocupar un cargo relacionado con menores. Mucho menos “premiar” a dicho personal con la creación de una ECAI.
• No permitir la presión de DGAIA para mantener un alto nivel de ocupación de las plazas de sus centros.

 

Sara Benjelali

Abogada